Cementos del Caribe S.A. y luego Cementos Argos S.A., también pretendieron evadir el millonario pago que le fue facturado por concepto del Programa de Valorización por Beneficio General.

Sobre un área gravable de 2 millones 907 mil 802 metros cuadrados, de uso mixto, la Alcaldía y la empresa Edubar expidieron la Resolución – Factura 00240623 del 5 de diciembre de 2005, por concepto de contribución, por valor de 3.994 millones 273 mil 100 pesos.

Fue así como la representante legal de Cementos Argos S.A., Ilva Gómez Crespo, solicitó la reliquidación de la contribución en la que se “aplique el destino industrial a los 50.000 M2 correspondientes al área del predio ocupada por la actividad industrial y el destino urbanizable no urbanizado al área restante del predio”.

Para tal fin el arquitecto Luis García Pacheco fue comisionado para practicar visita técnica al predio objeto de la solicitud, diligencia que realizó el 23 de septiembre de 2008.

El informe de la visita técnica determinó que “en el predio se localiza, sobre aproximadamente 5 hectáreas, una planta de concreto de Cementos Argos, el resto del predio se encuentra desocupado y en el extremo de este de construyó una industria de aluminio, por lo cual, actualmente el destino o uso del predio es mixto”.

Con base en ello, mediante Resolución VAL-08-0570, del 18 de noviembre de 2008, el Gerente de Edubar, Nicolás Renowitzky confirmó el valor inicial de la contribución, hecho del cual se notificó personalmente Mónica Kligman Ardila, en su condición de representante legal para efectos judiciales de Argos S.A., el 26 de noviembre del mismo año.

Sin embargo, 9 días después, el 5 de diciembre de 2008 fue Arnold Ernesto Gómez Mendoza, quien actuando como representante legal de Argos S.A., presentó recurso de reposición contra la citada Resolución. Gómez Mendoza es un reconocido dirigente con gran protagonismo a través del Comité Intergremial del Atlántico, desde el cual muchos pregonan lo que no practican, sobre todo cuando se trata de defender los intereses de la ciudad y el departamento.

Edubar consideró que la solicitud era extemporánea, pero aún así la admitió y se pronunció sobre la misma.

En efecto, el 4 de mayo de 2009, mediante Resolución VAL-09-0153, el Gerente Nicolás Renowitzky, ratificó el informe técnico y argumentó, además, que para la fecha de expedición de la Resolución – Factura No. 240623, por la cual se liquidó la contribución de valorización, “el propietario de la totalidad del predio, con área gravable de 2 millones 907 mil 802 M2, era de Cementos del Caribe S.A. hoy Argos S.A.”.

Según Edubar, “la importancia de lo anterior radica en que el valor del actual derrame de valorización se fijó una sola vez, valor que está contenido en la primera y única factura, que podía ser pagada en distintas modalidades (pago único, 5 cuotas anuales, 10 cuotas semestrales o 60  cuotas mensuales). Esta factura tiene la característica de ser un acto administrativo individualizado, que fijó su valor de acuerdo con las condiciones de uso, destino, área, estrato en el caso residencial, que tenían dichos predios en el momento de expedición de la factura y de conformidad con la base de datos suministrada por el Igac y la Secretaría de Planeación”.

Para Edubar llamó la atención que el predio objeto del recurso interpuesto por Argos S.A. registraba el pago de 702 millones 992 mil 100 pesos realizado el 15 de mayo de 2006, correspondiente a la cuota anual 2006, “con lo cual acató y aceptó el acto administrativo contenido en la Resolución – Factura no., 240.623”, razón por la cual confirmó la liquidación de la contribución, con la tarifas del destino mixto.

Con este pago, Argos S.A., se acogió a un descuento 479 millones 312 mil 800 pesos, equivalentes al 12% sobre el total liquidado.

Sin embargo, Argos S.A. no hizo más pagos, para cubrir el resto de la liquidación, es decir, 2.811 millones 968 mil 400 pesos, incluyendo el descuento, razón por la cual Edubar promovió un proceso de embargo en su contra.

En respuesta a ello el 10 de septiembre de 2009 interpuso, ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a través de Ilva Cecilia Gómez Crespo, en su condición de representante legal para efectos judiciales de Cementos Argos S.A.

La demanda fue contestada por Edubar pero el cobro luego pasó a la administración central del Distrito.

Los argumentos de Argos S.A. no prosperaron ante los contundentes razonamientos del Distrito, por lo cual finalmente recurrieron a la conciliación para aceptar los pagos.

Hoy la historia de la elusión y evasión tributaria de Argos S.A., se repite con el caso de la estampilla Pro-Hospitales, también en el Distrito de Barranquilla.